Venezuela: Más de 18 mil profesionales y técnicos han renunciado a Corpolelec

Según reporta Anaïs Díaz para el diario El Nacional, entre marzo 2017 y marzo 2018 han renunciado 18.000 profesionales y técnicos de Corpoelec, citando fuentes sindicales. Esta situación compromete aún más la calidad del servicio y el tiempo de respuesta a las continuas fallas.

Reinaldo Díaz, directivo del Sindicato de Trabajadores Eléctricos de la Gran Caracas, alertó que el éxodo de 18.000 personas implica la desprofesionalización de la empresa estatal, debido a los bajos salarios y la desmotivación, pues no hay materiales ni equipos para responder a las averías y realizar el mantenimiento a las instalaciones. Recordó que desde hace más de diez años han advertido a las autoridades sobre la necesidad de realizar inversiones y los planes de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y el suministro continuo de energía.

Díaz agregó que los empleados ganan entre 1 y 2,5 salarios mínimos, lo cual no cubre ni 7% del costo de la canasta básica, que en marzo superó los 75 millones de bolívares. Refirió que pese a la orden de la empresa de no más renuncias, los trabajadores se van sin cobrar la liquidación. Otro reclamo es la cobertura insuficiente del HCM (25 millones de bolívares), además de que las clínicas no dan admisión a los pacientes porque Corpoelec no cumple a tiempo a la aseguradora.

El trabajo de los que renuncian es cargado a los que quedan, que son sometidos a la prolongación de la jornada con sobretiempo de 80 horas al mes, cuando la Ley del Trabajo establece un máximo de 100 horas extras en un año. No hay nuevas contrataciones formales ni planes de profesionalización de los pasantes, que representaría una fuente futura y bien formada de nuevos técnicos.

Aunado a lo anterior, el pasado 21 de marzo la empresa publicó un nuevo cronograma de racionamiento eléctrico aplicable a algunos estados, especialmente fronterizos como Táchira y Zulia. Sin embargo en todo el territorio nacional siguen presentándose hasta seis cortes no programados diarios con duración entre pocos minutos hasta 12 horas, con el consiguiente daño patrimonial a empresas y hogares y merma en la disponibilidad de otros servicios como agua, internet y pagos por punto de venta.

Fuente: Sindicato de trabajadores eléctricos / El Nacional /Noticias Corpoelec

Venezuela: Más de 18 mil apagones en 2017

El 15 de febrero de 2010, el entonces presidente Hugo Chávez emitió el decreto de emergencia eléctrica alegando que por la presencia del fenómeno “El Niño” había un bajo nivel de agua de la represa que alimenta el complejo generador del Guri, en Ciudad Guayana y lo identificó como el causante de las fallas en el suministro de electricidad en toda Venezuela. Así mismo, Alí Rodríguez Araque entonces ministro de Energía y Minas, informó que se requería de una inversión de más de US$ 4.000 millones de manera inmediata, para que ese mismo año se incrementara la generación en 4.000 megavatios y un plan de racionamiento del servicio diariamente en todo el país con excepción de la capital, Caracas.

En aquel entonces, Chávez y Rodríguez negociaron directamente con proveedores cubanos, chinos, rusos, brasileros y argentinos. En sus propias palabras, el ministro venezolano sostuvo que Cuba,  «tiene gran experiencia en materia de ahorro y eficiencia energética, y ha establecido un sistema de generación que se sirve de anillos, que impiden, si hay un problema eléctrico en un lugar, que otro (sector) sea afectado», explicó. En cuanto a Brasil, Rodríguez aseguró que expertos de ese país «están rehabilitando las turbinas» de la represa de El Guri, y que Argentina había presentado aportes para «el aprovechamiento» del potencial hidroeléctrico del caudaloso Río Caroní; “Rusia y China a su vez, proveerán de plantas termoeléctricas que abastecerán a las industrias básicas, mientras que fabricantes estadounidenses de balsas instalarán generadores de electricidad», afirmó sin más precisiones.

Sin embargo, a pesar de cuantiosas inversiones que bajo el manto de la emergencia se realizaron sin ningún tipo de protocolo administrativo, la situación empeora cada día. Sólo en el 2017 se registraron más de 18.000 apagones en todo el país y, en lo que va del 2018 ya se han registrado varios miles incluyendo ahora también a la ciudad de Caracas.

Por otra parte, en reporte presentado por la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela en julio de 2016, alertaban sobre los más de 30.000 millones de bolívares que se habrían invertido hasta el 2015, bajo el amparo de la emergencia eléctrica. En ese reporte dan una aproximación a las cuantiosas comisiones e irregularidades cometidas por los responsables entre ellos Rodríguez Araque, Rafael Ramírez, Rocío Maneiro y Diego Salazar, que van desde cuentas multimillonarias en Andorra y Hong Kong (US$ 200 millones de Salazar en el país asiático), asignación discrecional de contratos a empresas sin ningún aval profesional ni financiero, hasta la decisión tomada el 7 de enero de 2015, por el Tribunal Itinerante en Funciones de Control del Área Metropolitana, a cargo de la jueza Romy Rojas, quien dictó sobreseimiento porque no se pudo comprobar que existiera alguna irregularidad en la contratación de obras entre Pdvsa, Corpoelec y Derwick, tal como lo solicitaron previamente los fiscales.

Marilyn García con información de Diario ABC-España/Cuentas Claras Digital/Transparencia Venezuela/El político.com